Migrantes indocumentados enfrentan temor e incertidumbre ante las políticas migratorias de Trump

En el sur de Florida, María, una inmigrante indocumentada que trabaja en las tierras agrícolas de Homestead, admite que ha regresado a las «sombras» después de que el presidente electo Donald Trump prometiera duras políticas de inmigración. Como muchos otros en tu situación, vives con miedo e incertidumbre sobre lo que te depara el futuro. «Tenemos mucho miedo porque no sabemos el tamaño que puede tener», admite María, que prefirió no desvelar su verdadero nombre por miedo a represalias.

La administración entrante de Trump ha anunciado planes para un ataque sin precedentes contra la inmigración ilegal, incluidas deportaciones masivas que comienzan con personas que han cometido delitos y se extienden a otros inmigrantes indocumentados. Esas medidas están generando temores en comunidades como Homestead, donde miles de trabajadores agrícolas indocumentados apoyan a una de las principales industrias de Florida.

Alrededor de 455.000 inmigrantes indocumentados trabajan en Florida, según el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos. El 24% de ellos trabaja en la industria de la construcción, el 17% en labores domésticas o administrativas, el 15% en la restauración, el 9% en comercios y el 8% en otros sectores. La agricultura depende especialmente de esta mano de obra.

Para María y muchos otros, el miedo es palpable. «No todos son delincuentes, no todos vienen a pedir algo. «Hacemos el trabajo que otras personas no quieren hacer», dice otra mujer indocumentada, que habla bajo condición de anonimato. Algunos ya están considerando mudarse a ciudades santuario o incluso abandonar el país para escapar del impacto de las políticas de Trump.

Deportaciones masivas y redadas sin precedentes

Durante su campaña, Trump prometió llevar a cabo «la mayor represión nacional contra las deportaciones en la historia de Estados Unidos». Esto incluiría un aumento significativo de las redadas incluso en lugares que antes se consideraban sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias. El levantamiento de las restricciones que limitaban la detención en estos lugares ha generado temores entre las comunidades de inmigrantes.

«El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump con un mandato claro de cumplir sus promesas de campaña», dijo Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump. Si bien el presidente electo reconoció que implementar estas medidas será complicado debido a las leyes y regulaciones vigentes, insistió en que «hay que hacerlo».

Las organizaciones de derechos de los migrantes han calificado estas políticas de crueles y contraproducentes. María Bilbao, portavoz del American Friends Service Committee, advirtió que estas medidas no sólo afectarán a los inmigrantes, sino también a la economía del país. «Ya hemos visto esto en Florida con la SB 1718, que perjudicó la economía y provocó que mucha gente se fuera», dijo.

Bilbao también criticó el planteamiento de Trump, quien insinuó que deportaría a familias enteras para evitar la separación. «Es como estar feliz porque esto se está volviendo más cruel», dijo, anunciando que su organización planea movilizaciones y desafíos legales para detener estas políticas.

Los efectos económicos de las deportaciones

La deportación masiva de inmigrantes indocumentados tendría importantes consecuencias económicas. Según los expertos, los inmigrantes indocumentados representan aproximadamente el 4,8% de la fuerza laboral en Estados Unidos y están muy involucrados en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

El economista Tulio Rodríguez señaló que la deportación de millones de trabajadores podría reducir el producto interno bruto (PIB) del país y afectar los ingresos tributarios que financian los programas de salud y los servicios públicos. Además, su ausencia podría dar lugar a salarios más altos en determinadas industrias, lo que a su vez daría lugar a precios al consumidor más elevados.

Un informe del Pew Research Center reveló que el número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzará los 8,3 millones en 2022, un nivel histórico no visto desde 2008. Este crecimiento subraya la importancia económica de esta población y la dependencia de muchas industrias estadounidenses de su mano de obra. .

Ciudades santuario y resistencia local

Ante la inminente implementación de la política de Trump, varias ciudades santuario han reafirmado su compromiso de no cooperar con las autoridades federales en redadas y deportaciones. Los Ángeles, por ejemplo, adoptó oficialmente este estatus y se comprometió a proteger a sus comunidades de inmigrantes.

Estas ciudades plantean un desafío a las políticas de Trump, ya que su cooperación es esencial para llevar a cabo redadas masivas. Sin embargo, la administración entrante ha indicado que podría tomar medidas legales y económicas para presionar estos asentamientos.

Otras medidas de inmigración en revisión

Además de las deportaciones, Trump ha expresado su intención de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a más de medio millón de jóvenes conocidos como «Dreamers». Intentó derogar este programa durante su primer mandato, pero fue bloqueado por la Corte Suprema en 2020. Ahora los “dreamers” se enfrentan una vez más a la perspectiva de perder sus permisos de trabajo y sus protecciones contra la deportación.

Trump también ha señalado que buscará reducir las vías de inmigración legal, incluidos los programas de reunificación familiar y protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS). También podría poner fin al programa de libertad condicional humanitaria de Joe Biden para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Estas medidas pueden provocar la separación de familias y exponer a miles de personas a condiciones peligrosas en sus países de origen, exacerbando los problemas de salud física y mental en las comunidades afectadas.

Esperanza en medio de la incertidumbre

A pesar del temor generalizado, María y otros inmigrantes indocumentados confían en que existen formas legales de desafiar estas políticas. «No nos damos por vencidos», dice María. «Dicen que tenemos que esperar y ver qué tipo de legislación propone Trump y buscar soluciones legales en ese momento».

La incertidumbre marca el horizonte para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos mientras el país se prepara para una nueva administración que promete reformar el panorama migratorio. Sin embargo, la resistencia de las comunidades de inmigrantes y sus aliados puede desempeñar un papel decisivo en los próximos años.