Polonia Unión Europea
Los líderes de los partidos liberales polacos, con Donald Tusk en el centro, en la presentación de su acuerdo de coalición este viernes en Varsovia.MARCIN OBARA (EFE)

Los tres partidos liberales que lograron una mayoría en las elecciones legislativas del pasado 15 de octubre en Polonia han firmado este viernes un acuerdo de coalición que trata de poner fin a una etapa de mandato ultraconservador en el país europeo. La llamada alianza arco iris comienza a andar así antes de que el nuevo Sejm (la Cámara baja del Parlamento) tome posesión el lunes 13 de noviembre, y adelantándose semanas a su previsible llegada al poder. El acuerdo de mínimos compromete a ese futuro Gobierno a restaurar el Estado de derecho y desbloquear los fondos europeos; reforzar la posición de Polonia en la escena internacional; despolitizar los servicios públicos, incluyendo los medios de comunicación y mantener las ayudas sociales del Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco). Los partidos no han logrado sin embargo ponerse de acuerdo en asuntos como el aborto. La estructura del posible Ejecutivo no se ha dado a conocer aún, pero los firmantes sí han adelantado que habrá una presidencia por turnos de dos años en el Sejm.

Después de varias semanas de negociaciones, el acuerdo programático es un pacto de mínimos, “un conjunto de pautas y recomendaciones”, consideradas vinculantes, como lo ha definido Donald Tusk en la presentación. En el primer párrafo declaran que trabajarán para construir una “nación moderna en el corazón de Europa, amistosa con los vecinos” y “respetuosa con las tradiciones”. El Gobierno liberal, que solo podrá tomar posesión cuando fracase el mandato del presidente al PiS para que intente formar Gobierno, al ser la fuerza más votada, estará integrado por cuatro formaciones, dos de ellas coaligadas. “Nunca he vivido negociaciones que se hayan llevado a cabo con tanta confianza mutua, lo cual es un buen augurio para nosotros, pero sobre todo para Polonia”, ha manifestado Tusk, que ha celebrado poder presentar el documento justo antes del 11 de noviembre, Día de la Independencia.

Pese a esos buenos deseos, la pluralidad de los partidos presagia dificultades para conciliar intereses muy distintos, con dos citas electorales, municipales y europeas, previstas para el año que viene. Enfrente tendrán además al presidente Andrzej Duda, que hasta que llegó al cargo era miembro de PiS y que tiene capacidad de vetar los proyectos legislativos.

En lo que sí coinciden todos las formaciones es en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva después de ocho años de Gobierno ultraconservador que ha puesto en riesgo la relación de Varsovia con Bruselas a cuenta del Estado de derecho y otras reformas antidemocráticas. Los dos primeros puntos de los 24 que incluye el texto tienen que ver con enderezar las relaciones exteriores del país, especialmente con la OTAN y la UE, y restaurar el Estado de derecho, que le cuesta a Varsovia el bloqueo de 35.400 millones de euros del plan de recuperación europeo. Aunque no explica cómo, el documento promete que garantizarán “la legalidad del funcionamiento de la justicia y de los tribunales constitucionales”. Adelantándose a las dificultades que entraña el proceso, afirman que harán “todo lo posible para restablecer la forma constitucional y apolítica” del poder judicial y el Tribunal Supremo. En un capítulo aparte el texto da cuenta de la intención de obligar a PiS a rendir cuentas y de poner en marcha investigaciones parlamentarias sobre los abusos de los últimos ocho años.

Los partidos liberales han acordado también medidas legales para despolitizar la televisión y la radio públicas, convertidas en máquina de propaganda de PiS. El documento señala a estos medios como “los principales responsables de la división de la sociedad, difundiendo mentiras y organizando deliberadamente incitaciones y campañas de odio”. Otros sectores como los servicios secretos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también serán objetivo de medidas de despolitización y se liquidará la Oficina Central Anticorrupción.

Conscientes de la importancia para un gran sector de la población de los programas de ayudas sociales puestos en marcha por PiS —como 500+, que otorga unos 110 euros al mes por hijo, y las pagas extras a los pensionistas—, los partidos han decidido mantenerlas cuando lleguen al Gobierno. Han acordado además aumentar el presupuesto para la educación, la justicia y la administración pública, incluyendo aumentos de sueldos, después de una auditoría de las cuentas públicas. Los colegios verán además una revolución en el contenido educativo y en su estructura, con cambios curriculares y ratios más bajas, y recibirán recursos para proporcionar ayuda psicológica a los menores que la necesiten. En sanidad prometen acortar las listas de espera.

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Aborto

El gran ausente del pacto es la legalización del aborto, pese a deber su victoria en buena parte al voto de las mujeres, espoleado precisamente por las protestas por las restricciones impuestas por una sentencia del Tribunal Constitucional a instancias de PiS en 2020. Plataforma Cívica y la Izquierda abogaban por su liberalización hasta la 12ª semana. De hecho, la Izquierda ha anunciado este viernes que su primera propuesta legislativa será esa. La coalición Tercera Vía prefiere sin embargo volver a la ley de 1993 —que incluía el supuesto por malformación del feto que eliminó el Constitucional— y organizar un referéndum. El documento acordado se limita a decir que “las mujeres tienen derecho a decidir por sí mismas” y se compromete a “invalidar la sentencia del Constitucional”. En el mismo paquete de “derechos de las mujeres” anuncian que volverá la financiación pública de los tratamientos de fertilidad, que PiS retiró.

La comunidad LGTBI no tenía grandes expectativas en este acuerdo, porque el matrimonio o la adopción por parejas del mismo sexo no estaban en la agenda de los partidos conservadores. Las formaciones se han comprometido solamente a trabajar para reducir la discriminación por razones de sexo u orientación sexual y a reforzar la protección del colectivo con una sección en el Código Penal que persiga el discurso de odio. Como novedad, el acuerdo defiende la separación entre Iglesia y Estado, aunque no detalla medidas concretas.

En el ámbito económico, el documento prevé simplificar el sistema fiscal, reducir los impuestos sobre la renta y apoyar a los emprendedores y los agricultores. Los partidos apuestan además por las energías renovables y otras políticas verdes como la renaturalización de los ríos y la protección de los bosques. Para mejorar el acceso a la vivienda, prometen facilitar un aumento de la oferta.

Los firmantes se reservan el anuncio de la estructura del Ejecutivo para cuando les toque presentarla en el Sejm. Después de que Duda haya encargado al actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, la formación del Gobierno, este tendrá dos semanas desde la constitución del Parlamento el próximo lunes para hacer su propuesta, que se deberá votar en las dos semanas siguientes. Cuando fracase, como todo indica que ocurrirá, la mayoría parlamentaria tendrá la iniciativa y será entonces el momento para la coalición que se ha presentado formalmente este viernes.

El primer ministro será Tusk, que ya ocupó ese cargo (2007-2014) y fue también presidente del Consejo Europeo. Tusk lidera la conservadora Plataforma Cívica (PO), que a su vez se integra en la llamada Coalición Cívica con partidos minoritarios y obtuvo 157 escaños en las elecciones. Después está el Partido Popular Polaco (PSL), conservador de corte agrario, que junto a Polska 2050, de centroderecha, forman Tercera Vía, con 65 diputados. El socio minoritario es el único progresista: la Izquierda, con 26 diputados. Juntos suman 248 escaños, 17 por encima de la mayoría absoluta y muy por delante de los 194 de PiS, que fue la fuerza más votada, pero sin apoyos suficientes.

A falta de nombres de ministros y estructura gubernamental, este viernes se ha anunciado que Szymon Holownia, de Polska 2050, y Wlodzimierz Czarzasty, colíder de la Izquierda, se alternarán ocupando la presidencia del Sejm dos años cada uno. Malgorzata Kidawa-Blonska, de Plataforma Cívica, presidirá el Senado.

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