Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en Venezuela, declarará en las próximas horas por su presunta responsabilidad en la publicación de actas electorales en un sitio web dirigido por la oposición. Las actas, supuestamente conservadas por sus testigos de campaña durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, fueron presentadas como prueba de su victoria sobre el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la fiscalía cuestionó la autenticidad de estos documentos, calificándolos de «presuntos documentos falsificados o falsificados».
El fiscal general Tarek William Saab confirmó este viernes la apertura de una investigación contra González Urrutia y los responsables de la publicación de dicha minuta, argumentando que la acción constituye una «usurpación ilegal» de funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). . Saab indicó en conferencia de prensa que el candidato deberá presentarse ante el Ministerio Público para responder de los hechos. “Tienes que venir. La investigación está en curso y el Ministerio Público está facultado para adelantar el procedimiento. Este ciudadano, que sólo se expresó a través de tuits, debe dar la cara”, afirmó Saab.
El anuncio emitido anteriormente por la fiscalía detalla que los administradores del sitio web, https://resultadosconvzla.comse investigan delitos como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, delitos informáticos, instigación a la infracción de la ley, asociación y concierto para delinquir. La oposición afirma que en este sitio se publicaron las actas que muestran que González Urrutia obtuvo más del 67% de los votos, contradiciendo los resultados anunciados por el CNE, que resultaron en la victoria de Nicolás Maduro. A pesar de los reclamos de transparencia por parte de la oposición y algunos sectores internacionales, el CNE no publicó los resultados desglosados de las elecciones, lo que provocó una mayor tensión política en el país.
El debate se intensificó cuando el Colegio Electoral del Tribunal Supremo (TSJ), controlado por el chavismo, emitió un fallo esta semana para validar los resultados que declararon ganador a Maduro. La oposición condenó este veredicto como un fraude electoral y una usurpación de las funciones de la autoridad electoral. Además, el TSJ acusó a González Urrutia de desacato por no presentarse ante el tribunal y entregar el material electoral solicitado como parte del peritaje que justifica la reelección de Maduro. El candidato opositor, por su parte, se defendió diciendo que se encontraba ante una «vulnerabilidad absoluta por impotencia» y cuestionó la falta de independencia del TSJ.
Además de González Urrutia, la Fiscalía abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado y el ganador de las primarias presidenciales de la oposición, a quien se le prohibió ejercer cargos públicos. Machado y González Urrutia emitieron un comunicado conjunto reiterando que el candidato opositor había ganado las elecciones y pidiendo a las fuerzas policiales y militares que no reprimieran a los manifestantes. Según la fiscalía, este mensaje constituye «una abierta incitación a desobedecer la ley». Ambos mandatarios dieron garantías a aquellos funcionarios que actúan conforme a su deber constitucional.
Las tensiones derivadas de los resultados electorales han provocado protestas masivas en todo el país, algunas de las cuales han desembocado en episodios violentos. Al menos 27 personas han muerto y más de 2.000 han sido arrestadas como parte de las protestas, según cifras oficiales. Muchos de los detenidos están acusados de terrorismo. La oposición condenó la escalada de la represión gubernamental, incluidas detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva para disolver las protestas.
El gobierno, por su parte, culpó a González Urrutia y Machado de propugnar la violencia a través de los «comanditos», una red ciudadana organizada por la oposición, para conseguir votos durante las elecciones. Según las autoridades, esta red estaría involucrada en presuntamente fomentar los disturbios en el país. Pero la oposición ha rechazado estas acusaciones, describiéndolas como parte de una narrativa gubernamental destinada a justificar la represión y silenciar la disidencia.
La publicación del acta en el citado sitio web fue uno de los puntos más polémicos del proceso electoral. La oposición sostiene que las actas reflejan la verdadera voluntad del pueblo venezolano y respaldan su afirmación de que González Urrutia fue el legítimo ganador de las elecciones presidenciales. Pero el gobierno insiste en que esas actas fueron manipuladas para deslegitimar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la reelección de Maduro. Según el Fiscal General, la publicación de estos documentos supuestamente falsos constituye una grave violación de la legislación venezolana y un intento deliberado de subvertir el orden institucional.
En medio de la crisis, la comunidad internacional expresó preocupación por la situación en Venezuela. Varios países y organizaciones internacionales pidieron una solución pacífica y democrática al conflicto, instando al gobierno a garantizar el respeto a los derechos humanos y a la oposición a actuar dentro del marco legal. Sin embargo, las posibilidades de un diálogo efectivo entre ambas partes parecen remotas, dada la atmósfera de desconfianza mutua y las crecientes tensiones en el país.
La situación política en Venezuela sigue siendo incierta, y la citación de González Urrutia para declarar en la fiscalía puede representar un nuevo punto de fricción en el ya complicado panorama. Mientras tanto, las protestas en las calles continúan, los ciudadanos exigen transparencia, justicia y el fin de la crisis política que ha azotado al país en los últimos años. La lucha por el reconocimiento de los resultados electorales y las acusaciones mutuas de fraude han llevado a Venezuela a un punto crítico cuyas consecuencias podrían determinar el futuro político de la nación.
A pesar de los desafíos, líderes opositores como González Urrutia y Machado insistieron en que no abandonarían su lucha para respetar la voluntad del pueblo. Sin embargo, con el aparato judicial y las fuerzas de seguridad alineados con el gobierno, la oposición enfrenta un camino cuesta arriba. La controversia en torno a las elecciones presidenciales de julio no sólo reveló las divisiones internas del país, sino que también puso de relieve la fragilidad de las instituciones democráticas de Venezuela.