El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de El Salvador poner fin al régimen de emergencia que rige desde hace más de dos años y medio. Este mecanismo, implementado por el presidente Nayib Bukele desde el 27 de marzo de 2022 para combatir las pandillas, ha suspendido derechos básicos como el acceso a la defensa legal y el derecho a conocer los cargos al momento del arresto.
en su informe «Estado de Emergencia y Derechos Humanos en El Salvador»La CIDH reconoció que la medida había contribuido a una «reducción sin precedentes de los actos de violencia». Al mismo tiempo, también señaló que, según datos oficiales, se ha superado la situación de emergencia que justificaba esta política. Por ello, la organización destacó que el estado de emergencia no puede convertirse en un medio permanente de seguridad para los ciudadanos, ya que es contrario a las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La declaración de la CIDH se produjo un día después de que el Congreso salvadoreño aprobara una trigésima extensión del estado de emergencia. Esto se produce en medio de declaraciones recientes de Bukele, quien sugirió que el país podría estar cerca de no tomar medidas.
Impacto en los derechos humanos y crítica internacional
Aunque el estado de emergencia fue crucial en la lucha contra las pandillas, activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron su uso por considerar que conduce a abusos sistemáticos. Según la CIDH, se han reportado detenciones arbitrarias, torturas, muertes en prisión y violaciones al debido proceso legal.
El informe también destacó la falta de pruebas que respalden los cargos contra muchos detenidos, el uso de juicios masivos, las limitaciones al derecho a la defensa y la ausencia de garantías judiciales. Según la Comisión, estas prácticas violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el inicio del estado de emergencia, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 81.900 personas a las que califican de «terroristas». Sin embargo, el gobierno admitió que más de 7.000 de los detenidos habían sido liberados por falta de pruebas. Además, la CIDH recomendó poner fin a las audiencias masivas, garantizar visitas familiares a los detenidos y acceso a las cárceles de las organizaciones de derechos humanos.
De igual manera, la Comisión instó al gobierno a crear un registro detallado de personas privadas de su libertad, desarrollar una política de atención a víctimas de pandillas y crear un registro oficial de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de emergencia.
Medidas del régimen de emergencia y su impacto en la seguridad.
El sistema de emergencia otorga a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios, por ejemplo, pueden interceptar telecomunicaciones sin orden judicial y el período de detención sin audiencia se amplía de 72 horas a 15 días. Además, el Congreso reformó el código penal para convertir la pertenencia a pandillas en un delito grave, punible con entre 20 y 40 años de prisión, y hasta 60 años de prisión para los cabecillas.
Estas medidas fueron acompañadas de una estrategia de seguridad que redujo significativamente el índice de violencia en el país. En lo que va de 2024, hay 177 días sin homicidio, según cifras oficiales, una mejora notable respecto a 2015, cuando El Salvador se ubicaba como uno de los países más violentos del mundo, con 6.656 homicidios ese año.
En 2024, la policía informó de 90 asesinatos, incluida la muerte de tres presuntos pandilleros en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Aunque la tasa de violencia ha disminuido drásticamente, los informes de abusos y violaciones de los derechos humanos siguen siendo motivo de preocupación tanto dentro como fuera del país.
La presión internacional y el futuro del régimen
La CIDH reiteró que si bien la lucha contra las pandillas es una prioridad legítima, no puede lograrse a costa de los derechos básicos de la población. La organización destacó que el gobierno salvadoreño debe buscar soluciones que respeten las garantías individuales y el Estado de derecho.
El presidente Bukele defendió su estrategia de seguridad, argumentando que había devuelto la paz a los salvadoreños después de años de violencia extrema. Sin embargo, las críticas de la comunidad internacional y las recomendaciones de la CIDH podrían aumentar la presión sobre su gobierno para ajustar o poner fin al régimen de emergencia.
Mientras el gobierno salvadoreño evalúa sus próximos pasos, el debate entre seguridad y derechos humanos sigue siendo central. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad de los ciudadanos y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ahora, el futuro del régimen de emergencia y su impacto en El Salvador es incierto.