El miércoles, jueces y magistrados se unieron a los trabajadores de la justicia mexicanos en una huelga indefinida para protestar por la reforma defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa generó preocupación en los mercados, que reaccionaron negativamente a la propuesta.
En la madrugada del lunes, miles de empleados del poder judicial iniciaron una huelga, argumentando que la reforma amenaza sus derechos al eliminar la vía judicial para acceder a cargos judiciales, lo que podría permitir que grupos de poder, incluso ilegales, influyan en el sistema de justicia. Juana Fuentes, presidenta del sindicato de jueces y magistrados, advirtió de una «crisis constitucional sin precedentes» si no se frena la reforma.
Díaz anunció que el próximo 21 de agosto comenzará la suspensión de labores en todo el país y que sólo se atenderán casos penales urgentes. La reforma más controvertida propone la elección popular de unos 7.000 ministros, jueces y magistrados en junio de 2025, incluidos miembros del Tribunal Supremo.
A pesar de que el partido gobernante intenta suavizar la reacción a la reforma con más de 100 enmiendas, los analistas creen que los cambios no cambian la esencia de la propuesta original. López Obrador sostiene que la reforma es esencial para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo y conviene a los intereses del crimen organizado. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también defendió la necesidad de cambios para combatir la impunidad.
En respuesta a la protesta, López Obrador señaló que respetaba el derecho a protestar, pero restó importancia al impacto de la huelga y sugirió que si los jueces no estuvieran en funciones, no podrían liberar a los delincuentes.
La propuesta ha generado preocupación entre los inversores, que temen que debilite uno de los controles al poder ejecutivo y afecte el entorno empresarial en la segunda economía más grande de América Latina. El peso y la bolsa mexicana cayeron ante la inminente aprobación de la reforma.
Morgan Stanley también rebajó sus pronósticos para el mercado accionario mexicano, indicando que la reforma podría tener efectos negativos. Cuando se le preguntó si la reforma amenazaría el cumplimiento del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Sheinbaum dijo que no, argumentando que el tratado trata de funciones, no de nomenclatura de instituciones.
Los países participantes en el T-MEC se reunirán en 2026 para revisarlo, y algunos expertos advierten que cambios importantes en el sistema de justicia podrían afectar la seguridad jurídica de las inversiones.
Sheinbaum también expresó la voluntad del Partido Republicano de entablar un diálogo con los huelguistas sobre sus derechos laborales, pero señaló que los ciudadanos votaron a favor de la reforma en las elecciones de junio porque era parte de su plataforma. El partido de Morena está en una posición favorable para aprobar rápidamente la reforma en el Congreso, donde cuenta con una amplia mayoría.
El martes, López Obrador llamó a los principales empresarios de México a expresar sus puntos de vista sobre la situación política, pidiéndoles que hablen directamente y no a través de organismos empresariales.