El controvertido mandato de Patricia Benavides al mando del Ministerio Público de Perú llegó a su término luego de una serie de imputaciones que desembocaron en su destitución en mayo de 2024. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió de manera unánime apartar a Benavides de su puesto como fiscal de la nación, acusándola de «actuar con intención» e intervenir en una investigación penal contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides. Este escándalo no solo cuestiona su gestión, sino que también pone de manifiesto los graves problemas de corrupción que han afectado al sistema de justicia peruano.
La polémica en torno al caso
La controversia detrás del caso
La disputa comenzó cuando la fiscal Bersabeth Revilla, quien lideraba la investigación contra Enma Benavides, fue retirada de su puesto poco tiempo después de que Patricia Benavides asumiera como fiscal general. La decisión se justificó con un reporte de «baja productividad» preparado por la fiscal suprema Azucena Solari, despertando sospechas sobre las verdaderas motivaciones de Benavides. La JNJ determinó que la destitución de Revilla se hizo con el fin de obstruir la investigación contra su hermana, intentando que el caso fuera descartado.
Las imputaciones de la Junta Nacional de Justicia
Las acusaciones de la Junta Nacional de Justicia
Durante el proceso disciplinario, la presidenta de la JNJ, María Zavala, afirmó que Patricia Benavides había cometido faltas muy graves al utilizar su posición para interferir en la investigación penal. La Junta también acusó a Benavides de dar un trato degradante a Revilla al destituirla sin una justificación válida. Además, se argumentó que Benavides favoreció la designación de Miguel Vegas Vaccaro como fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de que este enfrentaba sanciones disciplinarias previas y estaba siendo investigado por corrupción.
Repercusiones legales y nuevas indagaciones
Consecuencias legales y nuevas investigaciones
Patricia Benavides enfrenta ahora una investigación adicional por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. Esta nueva acusación podría derivar en una suspensión adicional de 36 meses mientras se desarrollan las indagaciones.
Pese a la gravedad de las acusaciones, los abogados de Benavides anunciaron que presentarán un recurso de reconsideración ante la JNJ. Sin embargo, expertos señalan que es poco probable que la Junta revierta su decisión. En una entrevista con los medios, el abogado de Benavides, Juan Peña, reconoció que tiene pocas esperanzas de éxito con este recurso, por lo que ya planean recurrir al Poder Judicial para apelar por la vía constitucional.
Un golpe para el sistema de justicia peruano
Por otro lado, para algunos, la decisión de la JNJ es vista como un paso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones peruanas y la necesidad imperiosa de reformas estructurales para enfrentar la corrupción y asegurar que aquellos en altos cargos actúen en favor de la justicia y no de intereses personales.
Mientras tanto, la decisión de la JNJ es considerada por algunos como un paso necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. No obstante, este caso ha dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la necesidad urgente de reformas estructurales para combatir la corrupción y garantizar que quienes ocupan altos cargos actúen en interés de la justicia y no de agendas personales.
Patricia Benavides, cuya gestión fue breve pero controvertida, se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta Perú en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial.